Tras declaraciones sobre presunta corrupción en altos mandos del gobierno mexicano.
Luego de que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declarara culpable de narcotráfico y lavado de dinero ante una corte de Estados Unidos, su abogado, Jeffrey Lichtman, aseguró que los cárteles habían sobornado al Ejército y al gobierno mexicano «hasta las más altas esferas».
En respuesta, la Fiscalía General de la República (FGR) calificó esas declaraciones como «descalificaciones injustas e irresponsables sin pruebas«, motivadas por «oportunismo mediático».
La institución encabezada por Alejandro Gertz Manero subrayó que, según la ley mexicana, cualquier persona que tenga conocimiento de un delito
está obligada a denunciarlo con las pruebas correspondientes, y advirtió que no hacerlo también constituye una infracción.
Finalmente, reiteró su disposición de recibir y documentar, de inmediato, cualquier denuncia relacionada con estos señalamientos.
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