Un ciudadano promedio necesita carta de no antecedentes para empleos modestos, pero quienes legislan en Jalisco operan bajo normas que permiten «amnesia jurídica«.
El caso de Leonardo Almaguer Castañeda, diputado local del Partido del Trabajo (PT), pone de manifiesto la fragilidad de los filtros legales y éticos.
Almaguer encabezó movilizaciones contra el incremento del pasaje, tras lo cual se publicó que en 2004 purgó una condena de tres años por robo de nueve camiones de cerveza, con cargos de delincuencia organizada.
Sin embargo, el sistema electoral le permitió registrarse y obtener una curul.
La crítica recae en la laxitud de la legislación.
Según la Constitución del Estado y el Código Electoral, los requisitos de elegibilidad sólo restringen el acceso a quienes tienen sentencias por delitos específicos como
violencia política de género, abuso sexual infantil o feminicidio. Cualquier otro delito queda fuera del radar una vez purgada la pena.
El Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana, opera con un mecanismo de auto-certificación:
Basta con que el aspirante declare bajo protesta cumplir con los requisitos, ya que el sistema no contrasta el historial criminal con bases de datos de la Fiscalía estatal, a menos que se trate de los delitos mencionados.
La disparidad es ofensiva:
Mientras un ex convicto por delincuencia organizada puede acceder al Poder Legislativo, el ciudadano común enfrenta barreras insuperables por antecedentes menores.
El caso evidencia que la normativa electoral funciona como un colador en lugar de un filtro de idoneidad, y se requiere que quienes ostentan cargos públicos cumplan con la misma exigencia de pulcritud que se demanda a los ciudadanos.
Con imágenes e información de Todo en Noticia.
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