Funcionarios de la Secretaría de Economía informaron que México ha recuperado 1,126 concesiones mineras que cubren 889,502 hectáreas como parte de la revisión del sector extractivo.
Casi 250 mil hectáreas corresponden a zonas protegidas.
Las cancelaciones se fundamentan principalmente en incumplimientos legales por parte de concesionarios, destacándose la falta de pago de derechos.
La legislación federal prevé la revocación en caso de atrasos prolongados –hasta dos años–, así como por omisión de informes estadísticos y de obras.
Además de las cancelaciones, ha habido devoluciones voluntarias de concesiones en el marco del diálogo con la industria minera, aunque estas representan un volumen menor del total recuperado.
Las acciones se han realizado en todo el país, excepto en Campeche, Quintana Roo y Tabasco, estados donde no existe actividad minera.
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